Suleikha Mohamed Adan, una viuda de 30 años y madre de cinco hijos, estaba viviendo una vida difícil de nómada, en la dura región de Ogaden, del este de Etiopía, cuando los soldados del Gobierno entraron en su casa y la arrestaron.
A su marido y a su padre los mataron el año pasado las fuerzas gubernamentales, que les acusaron del mismo crimen por el que la arrestaron a ella: simpatizar con el Frente de Liberación Nacional Ogaden, ONLF, un grupo que lucha por la autodeterminación de la región de Ogaden.
“Mis cinco niños estaban llorando cuando me ataron las manos a la espalda y me empujaron al suelo”, cuenta Adan, que ahora vive en Kenia, mientras se seca las lágrimas de la cara. “Me vendaron los ojos y me tiraron como si fuera una pelota a la parte trasera de su camión militar”.
Después de dos noches, Adan se encontró en el sótano de una prisión de la ciudad de Godey, donde estuvo detenida durante 15 meses con otros cientos de prisioneros.
