Ya hace cinco años los observadores internacionales occidentales concluyeron que los comicios no fueron totalmente democráticos. Esta vez, los activistas denuncian la falta de libertad antes de la cita electoral y advierten apesadumbrados de las consecuencias a posteriori.
La propia Vicent fue expulsada del país el pasado mes de diciembre debido a su trabajo con organizaciones de derechos humanos locales. Esta ex diplomática estadounidense no ha podido regresar al país desde entonces. "Para mis compañeros en la zona es muy complicado trabajar, viven una presión constante y deben hacer grandes sacrificios personales en cuanto a privacidad y seguridad. Dos activistas están actualmente en prisión y sé de otros dos que se han visto forzados a marcharse por las amenazas sobre su seguridad".
Además, en las cárceles hay 142 personas detenidas por razones políticas, según los datos de los activistas. "Difícilmente serán unas elecciones libres y justas cuando tanta gente que critica a las autoridades está en la cárcel o ha sido acosada para que se calle", sostiene Giorgi Gogia, investigador de Human Rights Watch y autor del informe sobre el Estado transcaucásico.
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